Hoy se cumplen cinco años del atentado que costó la vida a siete militares del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en Latifiya (Irak) y apenas existen avances en las investigaciones criminal y judicial abiertas por las instituciones españolas.
Tres gobiernos, cinco ministros de Defensa, si incluimos a Alfredo Pérez Rubalcaba que sustituyó a la actual ministra durante su baja por maternidad, tres jefes del Estado Mayor de la Defensa, dos directores del CNI y un juez de la Audiencia Nacional han sido incapaces de evitar que el caso, que implica el atentado más grave sufrido por soldados españoles en 20 años de misiones internacionales, haya sucumbido al silencio más inquietante y descarnado.
La investigación judicial duró poco más de dos meses: desde el 4 de diciembre de 2003, cuando el juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, la inició al tratarse de lo que él mismo definió como acto de terrorismo en el exterior contra ciudadanos españoles, hasta el 13 de febrero de 2004 cuando dictó un sobreseimiento temporal.
La investigación criminal continuó en Irak hasta que el traductor iraquí Flayeh al Mayali fue detenido en Base España de Diwaniya el 22 de marzo de 2004, interrogado durante cuatro días, acusado de ser “colaborador necesario” en el atentado y trasladado cinco días después a la cárcel de Abu Graib, un penal bajo responsabilidad del ejército de Estados Unidos de triste recuerdo.
La primera arbitrariedad fue cometida por el Ministerio de Defensa al no comunicar al juez Andreu la captura de una pieza tan imprescindible en la preparación del ataque mortífero. Esa notificación le hubiese obligado a reabrir la causa tal como se comprometió si aparecían nuevos datos.
El director del CNI, Alberto Saiz, nombrado en abril de 2004, dijo en diciembre de ese mismo año que el organismo de inteligencia “mantiene vías propias de investigación” y que esperaba que al final hubiese un juicio que aclarase lo ocurrido.
Pero fuentes de absoluta solvencia aseguran que la investigación se paralizó tras la salida de la totalidad de las tropas españolas de Iraq en mayo de 2004 y “jamás un solo miembro del CNI viajó a Iraq para seguir con las investigaciones”.
Flayeh al Mayali fue liberado sin cargos en febrero de 2005. En una entrevista publicada por Heraldo de Aragón y La Vanguardia acusó a sus interrogadores de someterle a un trato inhumano y degradante con continuos golpes, insultos y amenazas de muerte mientras una capucha cubrió su cabeza durante la mayor parte del tiempo.
El entonces ministro de Defensa, José Bono, aseguró que el traductor mentía e informó que había firmado un documento en el que reconocía el buen trato recibido. La respuesta del ciudadano iraquí fue contundente: “Me obligaron a firmar unos papeles que no pude leer”.
El caso tampoco avanzó en el Parlamento español por la falta de interés de los dos partidos mayoritarios, el PP y el PSOE, cuyos gobiernos están implicados en su rocambolesco desarrollo. Sólo algunos partidos minoritarios como Convergencia i Unió e Izquierda Verde han pedido la comparecencia de miembros del gobierno sin recibir explicaciones convincentes.
Amnistía Internacional, que investiga varios casos de presuntos malos tratos en Iraq realizados por soldados españoles, incluido el de Flayeh al Mayali, no entiende por qué los responsables del interrogatorio y la detención no se lo comunicaron a la Audiencia Nacional. El juez Andreu hubiera podido trasladarse a Iraq e interrogar en persona al detenido.
Algunas fuentes cercanas al CNI se han mostrado escandalizadas por las acusaciones vertidas contra el ciudadano iraquí y consideran que Al Mayali fue utilizado como chivo expiatorio ante la imposibilidad de avanzar en la investigación del atentado.
De hecho, muchas de las preguntas que el traductor tuvo que responder en el acuartelamiento de Diwaniya durante su interrogatorio estaban directamente relacionadas con las cantidades de dinero que manejaba lo que demuestra que sus responsables desconocían las labores que hacía Al Mayali y la estrecha relación contractual que mantenía con el ejército español.
Existen más de una docena de contratos firmados por Al Mayali entre el 15 de septiembre de 2003 y el 16 de marzo de 2004, una semana antes de su detención, con el ejército español por un valor de 300.000 dólares, que le supuso unos beneficios netos de unos 70.000 dólares, según su propia estimación. Algunos de estos contratos siguen pendientes de pago. En noviembre de 2004, el CNI mintió cuando aseguró a un periódico nacional que Al Mayali “manejaba grandes sumas de dinero de origen incierto”.
En los últimos cinco años los diferentes ministros de Defensa han emitido en entrevistas públicas grandilocuentes comentarios sobre la actuación de las tropas españolas en el extranjero. La actual ministra Carme Chacón ha dicho recientemente que “en 20 años de misiones internacionales, con 100.000 soldados españoles desplegados en los cuatros continentes, no ha habido un solo caso en que nadie se tenga que avergonzar de la conducta de un soldado español”.
El caso Al Mayali y quizá otros ocurridos en Iraq ponen seriamente en entredicho las palabras de la ministra y las de sus antecesores. Chacón lo tiene más fácil que el resto: el máximo responsable en Base España de Diwaniya cuando se produjo el presunto trato inhumano a Al Mayali es el actual jefe del Estado Mayor del Ejército, el teniente general Fulgencio Coll, encumbrado a uno de los puestos claves del organigrama de las Fuerzas Armadas españolas. El podría explicarle con pelos y señales qué pasó realmente en el interior del acuartelamiento aquellos días de marzo de 2004 y por qué Al Mayali no tuvo derecho a asesoría jurídica a pesar de solicitarla en múltiples ocasiones.
Tampoco le ha ido mal a Jorge Dezcallar, director del CNI cuando murieron asesinados los siete funcionarios. A pesar de que él mismo ha reconocido en privado que “el más grave error de mi carrera fue no sustituir a nuestros agentes en Bagdad tras la caída del régimen de Sadam Husein”, su ascenso ha sido meteórico y hoy es un alto cargo de Repsol.
Todas las personas consultadas por este periodista consideran que la actuación del CNI en la investigación ha perseguido un triste objetivo: que el olvido impida aclarar la propia responsabilidad interna del organismo en la elección de agentes que estaban quemados en Iraq y que podían ser objetivos fáciles para miembros de la Muhabarat, la antigua policía secreta de Sadam Husein, infiltrada en los grupos armados irregulares y en los actuales servicios de seguridad iraquíes.
Los siete miembros del CNI murieron hace cinco años en una carretera muy peligrosa tal como sabían todos los periodistas con experiencia en el país asiático mientras se dirigían a Nayaf y Diwaniya con vehículos y armas ligeras. Ese mediodía habían comido en la antigua casa del comandante Alberto Martínez, que llevaba varios años de misión en Iraq, a pesar de que se le había advertido de que podía estar vigilada. Un mes y medio antes, el 15 de octubre, el sargento primero José Antonio Bernal, perteneciente al CNI, fue asesinado en la puerta de su domicilio.
Sus nombres pudieron estar en la lista que filtró el agente doble del CNI, Roberto Flores García, detenido hace año y medio, tal como admitió en julio de 2007 el director de la institución. Alberto Saiz reconoció en una inusual rueda de prensa la filtración de “los procedimientos, estructuras y las identidades de decenas de miembros” aunque matizó que “los nombres no fueron filtrados por estar de misión en Irak sino por formar parte de la estructura del CNI en Madrid”. Pero Alberto Martínez y José Antonio Bernal llevaban años trabajando en Irak.
El traductor Flayeh al Mayali está dispuesto a testificar ante la justicia española para demostrar su inocencia a pesar de que el CNI ha intentado a través de intermediarios “exonerarme de las acusaciones e indemnizarme”, tal como ha declarado en Bagdad o “cerrarle la boca para siempre”, como dice una persona bien informada. Aunque lo tiene complicado: existe una orden del ministerio del Interior de prohibición de la entrada en el territorio español hasta mediados de la próxima década.
Tres gobiernos, cinco ministros de Defensa, si incluimos a Alfredo Pérez Rubalcaba que sustituyó a la actual ministra durante su baja por maternidad, tres jefes del Estado Mayor de la Defensa, dos directores del CNI y un juez de la Audiencia Nacional han sido incapaces de evitar que el caso, que implica el atentado más grave sufrido por soldados españoles en 20 años de misiones internacionales, haya sucumbido al silencio más inquietante y descarnado.
La investigación judicial duró poco más de dos meses: desde el 4 de diciembre de 2003, cuando el juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, la inició al tratarse de lo que él mismo definió como acto de terrorismo en el exterior contra ciudadanos españoles, hasta el 13 de febrero de 2004 cuando dictó un sobreseimiento temporal.
La investigación criminal continuó en Irak hasta que el traductor iraquí Flayeh al Mayali fue detenido en Base España de Diwaniya el 22 de marzo de 2004, interrogado durante cuatro días, acusado de ser “colaborador necesario” en el atentado y trasladado cinco días después a la cárcel de Abu Graib, un penal bajo responsabilidad del ejército de Estados Unidos de triste recuerdo.
La primera arbitrariedad fue cometida por el Ministerio de Defensa al no comunicar al juez Andreu la captura de una pieza tan imprescindible en la preparación del ataque mortífero. Esa notificación le hubiese obligado a reabrir la causa tal como se comprometió si aparecían nuevos datos.
El director del CNI, Alberto Saiz, nombrado en abril de 2004, dijo en diciembre de ese mismo año que el organismo de inteligencia “mantiene vías propias de investigación” y que esperaba que al final hubiese un juicio que aclarase lo ocurrido.
Pero fuentes de absoluta solvencia aseguran que la investigación se paralizó tras la salida de la totalidad de las tropas españolas de Iraq en mayo de 2004 y “jamás un solo miembro del CNI viajó a Iraq para seguir con las investigaciones”.
Flayeh al Mayali fue liberado sin cargos en febrero de 2005. En una entrevista publicada por Heraldo de Aragón y La Vanguardia acusó a sus interrogadores de someterle a un trato inhumano y degradante con continuos golpes, insultos y amenazas de muerte mientras una capucha cubrió su cabeza durante la mayor parte del tiempo.
El entonces ministro de Defensa, José Bono, aseguró que el traductor mentía e informó que había firmado un documento en el que reconocía el buen trato recibido. La respuesta del ciudadano iraquí fue contundente: “Me obligaron a firmar unos papeles que no pude leer”.
El caso tampoco avanzó en el Parlamento español por la falta de interés de los dos partidos mayoritarios, el PP y el PSOE, cuyos gobiernos están implicados en su rocambolesco desarrollo. Sólo algunos partidos minoritarios como Convergencia i Unió e Izquierda Verde han pedido la comparecencia de miembros del gobierno sin recibir explicaciones convincentes.
Amnistía Internacional, que investiga varios casos de presuntos malos tratos en Iraq realizados por soldados españoles, incluido el de Flayeh al Mayali, no entiende por qué los responsables del interrogatorio y la detención no se lo comunicaron a la Audiencia Nacional. El juez Andreu hubiera podido trasladarse a Iraq e interrogar en persona al detenido.
Algunas fuentes cercanas al CNI se han mostrado escandalizadas por las acusaciones vertidas contra el ciudadano iraquí y consideran que Al Mayali fue utilizado como chivo expiatorio ante la imposibilidad de avanzar en la investigación del atentado.
De hecho, muchas de las preguntas que el traductor tuvo que responder en el acuartelamiento de Diwaniya durante su interrogatorio estaban directamente relacionadas con las cantidades de dinero que manejaba lo que demuestra que sus responsables desconocían las labores que hacía Al Mayali y la estrecha relación contractual que mantenía con el ejército español.
Existen más de una docena de contratos firmados por Al Mayali entre el 15 de septiembre de 2003 y el 16 de marzo de 2004, una semana antes de su detención, con el ejército español por un valor de 300.000 dólares, que le supuso unos beneficios netos de unos 70.000 dólares, según su propia estimación. Algunos de estos contratos siguen pendientes de pago. En noviembre de 2004, el CNI mintió cuando aseguró a un periódico nacional que Al Mayali “manejaba grandes sumas de dinero de origen incierto”.
En los últimos cinco años los diferentes ministros de Defensa han emitido en entrevistas públicas grandilocuentes comentarios sobre la actuación de las tropas españolas en el extranjero. La actual ministra Carme Chacón ha dicho recientemente que “en 20 años de misiones internacionales, con 100.000 soldados españoles desplegados en los cuatros continentes, no ha habido un solo caso en que nadie se tenga que avergonzar de la conducta de un soldado español”.
El caso Al Mayali y quizá otros ocurridos en Iraq ponen seriamente en entredicho las palabras de la ministra y las de sus antecesores. Chacón lo tiene más fácil que el resto: el máximo responsable en Base España de Diwaniya cuando se produjo el presunto trato inhumano a Al Mayali es el actual jefe del Estado Mayor del Ejército, el teniente general Fulgencio Coll, encumbrado a uno de los puestos claves del organigrama de las Fuerzas Armadas españolas. El podría explicarle con pelos y señales qué pasó realmente en el interior del acuartelamiento aquellos días de marzo de 2004 y por qué Al Mayali no tuvo derecho a asesoría jurídica a pesar de solicitarla en múltiples ocasiones.
Tampoco le ha ido mal a Jorge Dezcallar, director del CNI cuando murieron asesinados los siete funcionarios. A pesar de que él mismo ha reconocido en privado que “el más grave error de mi carrera fue no sustituir a nuestros agentes en Bagdad tras la caída del régimen de Sadam Husein”, su ascenso ha sido meteórico y hoy es un alto cargo de Repsol.
Todas las personas consultadas por este periodista consideran que la actuación del CNI en la investigación ha perseguido un triste objetivo: que el olvido impida aclarar la propia responsabilidad interna del organismo en la elección de agentes que estaban quemados en Iraq y que podían ser objetivos fáciles para miembros de la Muhabarat, la antigua policía secreta de Sadam Husein, infiltrada en los grupos armados irregulares y en los actuales servicios de seguridad iraquíes.
Los siete miembros del CNI murieron hace cinco años en una carretera muy peligrosa tal como sabían todos los periodistas con experiencia en el país asiático mientras se dirigían a Nayaf y Diwaniya con vehículos y armas ligeras. Ese mediodía habían comido en la antigua casa del comandante Alberto Martínez, que llevaba varios años de misión en Iraq, a pesar de que se le había advertido de que podía estar vigilada. Un mes y medio antes, el 15 de octubre, el sargento primero José Antonio Bernal, perteneciente al CNI, fue asesinado en la puerta de su domicilio.
Sus nombres pudieron estar en la lista que filtró el agente doble del CNI, Roberto Flores García, detenido hace año y medio, tal como admitió en julio de 2007 el director de la institución. Alberto Saiz reconoció en una inusual rueda de prensa la filtración de “los procedimientos, estructuras y las identidades de decenas de miembros” aunque matizó que “los nombres no fueron filtrados por estar de misión en Irak sino por formar parte de la estructura del CNI en Madrid”. Pero Alberto Martínez y José Antonio Bernal llevaban años trabajando en Irak.
El traductor Flayeh al Mayali está dispuesto a testificar ante la justicia española para demostrar su inocencia a pesar de que el CNI ha intentado a través de intermediarios “exonerarme de las acusaciones e indemnizarme”, tal como ha declarado en Bagdad o “cerrarle la boca para siempre”, como dice una persona bien informada. Aunque lo tiene complicado: existe una orden del ministerio del Interior de prohibición de la entrada en el territorio español hasta mediados de la próxima década.
